Muchos trabajadores indocumentados en Nuevo Mexico son considerados “esenciales” ya que ellos limpian, cultivan, trabajan en restaurantes, supermercados y mantienen la economía funcionando en diferentes maneras.
Pero cuando pierden su trabajo o reciben decrementos en sus pagos como en los casos de COVID-19 que siguen en alza, no son elegibles para ningún tipo de dinero o beneficio de el mas reciente estímulo federal de $2 trillones para desempleados.
New Mexico Dream Team, una organización estatal para familias indocumentadas y de estatus mixto, comenzó una campaña de recaudación de fondos esta semana con el objetivo de $50,000 para que vayan directamente a familias que no son elegibles para recibir ayuda del gobierno debido a su estado migratorio.
Eduardo Esquivel, gerente del programa Dream Team a nivel estatal y líder de recaudación de fondos, de 25 años, le dice a SFR que comenzó a recaudar dinero para personas indocumentadas debido a las luchas de su propia familia cuando COVID-19 impactó sus vidas.
“Estoy en el proceso de ajustar mi status, pero esto le pone mucha incertidumbre a eso”, le dice Esquivel a SFR. “Mi padre es considerado un trabajador esencial, entonces está trabajando todos los días … Es dueño de un negocio. Él tiene el doble de riesgo y no va a recibir ningún tipo de ayuda del gobierno. Tenemos que actuar y comenzar a recolectar algunos fondos, de cualquier manera que podamos para ayudar ”.
El dinero se empezará a repartir cuando la recaudación de fondos llegue a alrededor de $10,000 y tras una junta de Dream Team se decidirá quién recibe el dinero para necesidades básicas como alimentos y alquiler, según Esquivel.

Si bien este dinero ayudará a las familias que no califican para los cheques de $1,200 prometidos por el gobierno federal a los estadounidenses documentados, todavía hay muchos desafíos por delante para las personas de estatus mixto e indocumentadas a las que este dinero no ayudará. Los inmigrantes indocumentados generalmente no tienen seguro de salud, incluso en mejores tiempos, y a menudo están lejos de familiares y amigos que podrían ayudar en caso de que se enfermen.

“Sé lo que es ser indocumentado”, dice Víctor Romero, de 20 años, ex alumno de Capital High School y alumno actual de la Universidad de Nuevo México. “Las personas, independientemente de su estatus migratorio, son personas. Y la gente debe ser la prioridad, siempre. Las personas inmigrantes aportamos mucho para este país. Ayudamos a construir la economía, hacemos el tipo de trabajo que mucha gente no quiere hacer.”
Los que están detrás de las rejas también son especialmente susceptibles a COVID-19, mientras sigan siendo obligados a acercarse entre sí.
El viernes, la gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo durante su discurso público que el Departamento de Correcciones del estado planea liberar a los reclusos unos 30 días antes de su liberación planificada y continúa revisando otras ideas para poder reducir la población encarcelada “sin minimizar la seguridad pública.”
Eso no significa nada para las personas que son sospechosas de delitos federales de inmigración. La orden ejecutiva de Lujan Grisham sobre la liberación de los reclusos solo incluye a aquellos en los sistemas de justicia penal estatales y locales.
También el viernes por la tarde, alrededor de una docena de manifestantes en automóviles condujeron en una caravana desde Trader Joe’s hasta la mansión del gobernador con carteles que abogaban por la liberación de los delincuentes no violentos de la prisión.
“Las poblaciones más vulnerables son inmigrantes detenidos y prisioneros, hacinados juntos, sin posibilidad de distanciamiento social”, dice Francine Foster, Santa Fe, de pie justo afuera de la puerta que rodea la mansión del gobernador. “Los presos de bajo nivel y los inmigrantes detenidos deberían ser liberados”.

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